IG233 – Galicia Rural Emprende (Creación de empresas para actividades no agrícolas en zonas rurales)

4 de Marzo de 2019

Subvención en régimen de concurrencia competitiva.

Ayuda en régimen de mínimis.

Serán subvencionables los proyectos dirigidos a crear empleo en las zo­nas rurales mediante ayudas a la primera implantación y desarrollo de nuevas actividades económicas no agrarias viables, que deben contribuir a la diversificación económica, cre­cimiento de empleo, sostenibilidad del medio rural y equilibrio territorial, tanto en términos económicos como sociales.

La definición de las zonas rurales se realiza por eliminación de aquellas zonas considera­das densamente pobladas (urbanas) en un territorio. En el caso de Galicia, sólo tienen esa consideración los 7 ayuntamientos de los núcleos de población más grandes de la comunidad autónoma (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferrol y Santiago de Compostela).

• Los titulares o miembros de una unidad familiar de una explotación agraria que diver­sifiquen sus actividades en ámbitos no agrícolas y que desarrollen su proyecto en la propia explotación.
• Las microempresas y pequeñas empresas de nueva creación o que inicien una acti­vidad distinta a la que tenía en el momento de la solicitud de la ayuda.
• Las personas físicas que residan en una zona rural y que creen una nueva empre­sa o que inicien una actividad distinta a la que tenían en el momento de la solicitud de la ayuda.

 No podrán ser beneficiarias las agrupaciones de personas jurídicas, las comunida­des de bienes o cualquier otro tipo de unidad que carezca de personalidad jurídica propia, así como las personas jurídicas que no tengan ánimo de lucro, aunque realicen actividad económica. No podrán ser beneficiarias las empresas que operan en el sector de la pesca y de la acuicultura.

• No haber empezado antes de la presentación de la solicitud de la ayuda.
• Los gastos y/o inversiones incluidos en el plan de negocio que se deberá presentar tienen que estar localizados en el centro de trabajo de la empresa en Galicia.
• Será obligatoria la creación de un mínimo de 1 empleo, bien sea por cuenta propia o indefinido por cuenta ajena.

• La ayuda tendrá carácter de pago a tanto alzado y se concederá por la ejecución de un plan empresarial o plan de negocio, que tendrá una duración de 18 meses.
• Los solicitantes deberán presentar un plan empresarial o plan de negocio que muestre la viabilidad de la iniciativa. El plan podrá comenzar a aplicarse desde el día de la solicitud de ayuda y como máximo dentro de los nueve meses siguientes a la fecha en que se adopte la decisión por la que se concede la ayuda.
• Dependiendo de la naturaleza y de la magnitud de la actuación proyectada, y con mayor extensión y concreción en función de estos principios, deberá incluirse un capítulo específico sobre problemas relacionados con el cambio climático, centrado en las medidas de mitigación y adaptación que se adoptarán.
• Las operaciones no deben estar iniciadas en la fecha de presentación de la solicitud y deben desarrollarse en el ámbito geográfico de las zonas definidas como rurales de Galicia.
  Además, deben ser finalistas y cumplir los objetivos para los que fueron aprobados en el momento de la certificación final, no admitiéndose fases de proyectos.

• Adquisición de terrenos. Máximo un 10% del total de costes elegibles.
• Adquisición de inmuebles, que sólo podrán ser utilizados en relación con los objetivos del proyecto. Su importe no superará el 50% de la base elegible.
• Obra civil para construcción, reforma o habilitación de instalaciones, sujetos a los módulos máximos que se indican en el anexo V.
• Bienes de equipo: maquinaria de proceso, equipamientos informáticos, mobiliario, instala­ciones específicas para la actividad subvencionable, elementos de transporte interno, y equipos de protección del ambiente.
• Activos inmateriales, tales como adquisición de derechos de patentes, licencias, Know how y conocimientos técnicos no patentados, aplicaciones informáticas (excluidas las licencias en sistemas operativos y aplicaciones de ofimática).
• Costes de funcionamiento: estos costes deberán atender a lo dispuesto en el artícu­lo 61 del Reglamento (UE) 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se tendrán en consideración las siguientes tipologías de coste: costes de explotación, costes de personal, costes de formación, costes de relaciones públicas, costes financieros, costes de red.
• Las contribuciones en especie, en forma de provisión de obras, bienes, servicios, terrenos y bienes inmuebles por los que no se hubiera efectuado ningún pago en efectivo documentado con facturas o documentos de valor probatorio equivalente.
• Con respecto a los gastos generales del proyecto (honorarios de arquitectos, ingenie­ros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento, sobre la sostenibilidad económica y ambiental, incluidos los estudios de viabilidad, a los que se refiere el artículo 45.2.c) del Reglamento (UE) 1305/2013 supondrán como máximo un 12% del total de costes elegibles.

La ayuda consistirá en una prima cuya cuantía básica se establece en 20.000€, y que podrá incrementarse hasta un máximo de 70.000€ en las siguientes situaciones:

• De acuerdo al siguiente rango de gasto e inversión admisible:

• Creación de empleo indefinido (mínimo 1 empleo UTA). La creación de empleo debe ser adicional, además de la mano de obra correspondiente al beneficiario de la ayuda: 20.000€.
• Ubicación en una zona con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas contempladas en el artículo 32 del Reglamento (UE) 1305/2013, y relacionadas en el ane­xo VII de las bases reguladoras: 5.000€.

Las subvenciones reguladas en estas bases están financiadas con fondos Feader y, por lo tanto, serán incompatibles con cualquier otra ayuda que, para el mismo proyecto o finalidad, lleve cofinanciación comunitaria, independientemente del fondo de procedencia y de su tipología (subvención directa, bonificación de intereses…).

Con la excepción anterior, las subvenciones concedidas al amparo de estas bases re­guladoras serán compatibles con otras ayudas, subvenciones o recursos destinados a la misma finalidad, tanto de origen público como privado, siempre que la intensidad máxima de las ayudas con fondos públicos no exceda el 100% del importe elegible del proyecto.